La Antártida está regida por el Tratado Antártico de 1959, que prohíbe actividades militares y de explotación económica, promoviendo su uso exclusivo para fines científicos. Sin embargo, el aumento del interés por sus recursos minerales, pesqueros y reservas de agua dulce, junto con las disputas territoriales latentes entre países firmantes como Reino Unido, Chile y Argentina, han generado debates sobre la necesidad de una mayor regulación y administración internacional de la región.